El Tribunal aclara que en ninguno de los casos examinados se trata de aplicar la nueva regulación de la Ley de Propiedad Horizontal que dispone que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de esta actividad requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, sino de determinar si en los estatutos comunitarios existe una prohibición de destinar los pisos al uso turístico.  En el primer asunto la Sala da la razón a la comunidad de propietarios y ordena el cese de la actividad de alquiler turístico que se desarrolla por entender que si se aplican los estatutos sociales resulta que…

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 60.102 euros que la Comunidad de Madrid impuso a un comerciante por venta de alcohol a menores por haber practicado sin su presencia la prueba testifical que él mismo propuso al instructor del expediente, lo que le causó indefensión.  Como respuesta a la cuestión de interés casacional planteada en el caso, el tribunal destaca que la Ley 39/2015, que regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina la obligación para el instructor de ese tipo de expedientes de comunicar a los interesados los datos referidos a la práctica de la prueba testifical, a los efectos…

La Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una mujer que abortó voluntariamente, por miedo a que su hijo desarrollase una enfermedad después de que se le realizase un TAC desconociendo que estaba embarazada. La estimación solo afecta a las costas, que no se le impondrán. La Audiencia confirma la sentencia de instancia en la que se absolvió a la aseguradora contra la que se dirigía la demanda y que consideró que no había negligencia médica alguna que determinase la imposición de una indemnización a la afectada. La demandante llegó a urgencias tras varias horas de dolor abdominal y nauseas y manifestó que tomaba píldoras anticonceptivas, lo que hizo a los facultativos…

Se funda la solicitud en una interpretación amplia del artículo 103 del Código Civil, que establece que excepcionalmente los hijos podrán ser encomendados a los abuelos confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez.  La prueba practicada en el acto de la vista -tanto certificados médicos, pediátricos, de tutores del colegio, declaraciones de vecinos, etc.- puso de manifiesto la idoneidad de los abuelos y que la situación actual, de ejercicio de guarda y custodia de facto por los abuelos, satisfacía las necesidades materiales, físicas, educativas, emocionales y afectivas de los menores; permitiendo que se desarrollen en un entorno familiar adecuado y la consiguiente salvaguarda del interés superior…