La actualidad impone la necesaria preocupación por las políticas en materia de vivienda. Mientras el artículo 47 de nuestra Constitución reconoce que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, cada vez son mayores las dificultades para acceder a un contrato de arrendamiento y se elevan los precios de compra.
En el caso que nos ocupa se considera acreditado que el perjudicado vio un piso en una página de anuncios y, dado el interés que le generaron sus características y su precio, hizo una transferencia por importe de 750 euros. Más tarde se dio cuenta de que la vivienda no se alquilaba y de que las fotografías del documento de identidad que se le había enviado correspondían a la víctima de otra estafa.
La sentencia condenatoria destaca la necesidad de dar una mayor protección en el caso de bienes de primera necesidad como las viviendas, en aquellos casos en que la defraudación recaiga sobre viviendas que puedan ser consideradas de primera necesidad.
Insiste el Tribunal Supremo en el hecho de que se trata de una estafa dirigida al aprovechamiento de la necesidad que tienen los ciudadanos de alquilar inmuebles, en un contexto de elevación de precios en el mercado de alquiler, para conseguir un enriquecimiento patrimonial en perjuicio de personas que demandan un inmueble en alquiler a un precio asequible.
Así, destaca en su Sentencia varias cuestiones:
- Que el autor se aprovecha de una situación de necesidad que incrementa par ala víctima el riesgo de caer en la trampa de personas que ofrecen en alquiler inmuebles de los que no disponen.
- Se utiliza un medio que permite una amplia difusión, como es internet.
- La necesidad reduce las medidas de autoprotección de las víctimas.
- A posteriori se produce en la víctima un grave perjuicio no solo económico, sino también moral y psicológico.