El juez entiende que dicha ordenanza requiere para su aprobación una información pública con el fin de hacer posible que los ciudadanos puedan alegar al respecto. Sin embargo, en este caso, el consistorio -a través del contrato y del proyecto por el que se ejecuta- ha fijado primero la zona, decidiendo qué lugares concretos crear e instalando los puntos de control correspondientes, y ha dejado para más adelante la aprobación de la ordenanza.
El Juzgado ya se pronunció en su momento sobre esta nulidad y adoptó como medida cautelar la suspensión del contrato, decisión que fue confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL con los mismos argumentos.