La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la sanci\u00f3n de 60.102 euros que la Comunidad de Madrid impuso a un comerciante por venta de alcohol a menores por haber practicado sin su presencia la prueba testifical que \u00e9l mismo propuso al instructor del expediente, lo que le caus\u00f3 indefensi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Como respuesta a la cuesti\u00f3n de inter\u00e9s casacional planteada en el caso, el tribunal destaca que la Ley 39\/2015, que regula el Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, determina la obligaci\u00f3n para el instructor de ese tipo de expedientes de comunicar a los interesados los datos referidos a la pr\u00e1ctica de la prueba testifical, a los efectos de que puedan estar presentes en su pr\u00e1ctica e intervenir en ella. <\/p>\n\n\n\n
La actuaci\u00f3n administrativa deriv\u00f3 de una denuncia de agentes de la Polic\u00eda Local de Madrid, quienes expon\u00edan que en el establecimiento del recurrente observaron directamente la venta a menores de 18 a\u00f1os de una botella de 5 cl. de ron. <\/p>\n\n\n\n
Notificada al afectado la incoaci\u00f3n de procedimiento, y a la vista de sus alegaciones en las que negaba los hechos, el instructor recab\u00f3 de la Polic\u00eda Local la ratificaci\u00f3n de la denuncia, y cit\u00f3 como testigo a la menor identificada como adquirente, la cual compareci\u00f3 ante \u00e9l, acompa\u00f1ada de sus padres, y confirm\u00f3 que era correcto lo que dec\u00eda el bolet\u00edn de denuncia. <\/p>\n\n\n\n
El instructor calific\u00f3 los hechos como infracci\u00f3n muy grave de la Ley 5\/2002 de drogodependencias, y propuso sanci\u00f3n de 60.102 euros, que estableci\u00f3 la Consejer\u00eda de Econom\u00eda de la Comunidad de Madrid en orden de 10 de junio de 2020. <\/p>\n\n\n\n
El afectado recurri\u00f3 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando indefensi\u00f3n porque \u00e9l propuso como prueba la declaraci\u00f3n testifical de la menor y pidi\u00f3 asistir a su pr\u00e1ctica y, aunque la prueba fue admitida, el instructor la practic\u00f3 sin su presencia. El hombre sosten\u00eda que varios j\u00f3venes acudieron a su establecimiento a comprar bebidas no alcoh\u00f3licas y comida y que \u00e9l no vendi\u00f3 ninguna botella de ron de 5 cl. a ninguna joven menor y que pod\u00edan haberla tra\u00eddo de casa o adquirido en otro establecimiento. Por ello, sostuvo que el instructor incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n alegada, al haber impedido la preceptiva contradicci\u00f3n caus\u00e1ndole as\u00ed indefensi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
El TSJ de Madrid no le dio la raz\u00f3n al considerar que de la Ley no resulta para el instructor la obligaci\u00f3n de citar al expedientado a la pr\u00e1ctica de las pruebas acordadas o, en su caso, admitidas. <\/p>\n\n\n\n
El Supremo, ante quien recurri\u00f3 el comerciante sancionado, no comparte ese criterio. Destaca que la comunicaci\u00f3n que prescribe la Ley al afectado por el expediente, con indicaci\u00f3n de lugar, fecha y hora de la pr\u00e1ctica de la prueba, y la posibilidad de nombrar t\u00e9cnicos que le asistan, no es para mero conocimiento del interesado sino, precisamente, para que pueda personarse en el acto en que se lleva a cabo la prueba. <\/p>\n\n\n\n
A\u00f1ade que la convicci\u00f3n a la que se lleg\u00f3 para multarle se recog\u00eda en un bolet\u00edn de denuncia que el recurrente quiso desvirtuar mediante un testimonio en el que no se le permiti\u00f3 intervenir, lo que impidi\u00f3 la contradicci\u00f3n imprescindible y le caus\u00f3 indefensi\u00f3n, ya que no pudo en el momento en que debi\u00f3 permit\u00edrsele hacer a la menor las preguntas con las que pretend\u00eda desvirtuar los hechos consignados en la denuncia y el propio testimonio de la menor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la sanci\u00f3n de 60.102 euros que la Comunidad de Madrid impuso a un comerciante por venta de alcohol a menores por haber practicado sin su presencia la prueba testifical que \u00e9l mismo propuso al instructor del expediente, lo que le caus\u00f3 indefensi\u00f3n. Como respuesta a la cuesti\u00f3n de inter\u00e9s casacional planteada en el caso, el tribunal destaca que la Ley 39\/2015, que regula el Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, determina la obligaci\u00f3n para el instructor de ese tipo de expedientes de comunicar a los interesados los datos referidos a la pr\u00e1ctica de la prueba testifical, a los efectos de que puedan estar presentes en su pr\u00e1ctica e intervenir en ella. La actuaci\u00f3n administrativa deriv\u00f3 de una denuncia de agentes de la Polic\u00eda Local de Madrid, quienes expon\u00edan que en el establecimiento del recurrente observaron directamente la venta a menores de 18 a\u00f1os de una botella de 5 cl. de ron. Notificada al afectado la incoaci\u00f3n de procedimiento, y a la vista de sus alegaciones en las que negaba los hechos, el instructor recab\u00f3 de la Polic\u00eda Local la ratificaci\u00f3n de la denuncia, y cit\u00f3 como testigo a la menor identificada como adquirente, la cual compareci\u00f3 ante \u00e9l, acompa\u00f1ada de sus padres, y confirm\u00f3 que era correcto lo que dec\u00eda el bolet\u00edn de denuncia. El instructor calific\u00f3 los hechos como infracci\u00f3n muy grave de la Ley 5\/2002 de drogodependencias, y propuso sanci\u00f3n de 60.102 euros, que estableci\u00f3 la Consejer\u00eda de Econom\u00eda de la Comunidad de Madrid en orden de 10 de junio de 2020. El afectado recurri\u00f3 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando indefensi\u00f3n porque \u00e9l propuso como prueba la declaraci\u00f3n testifical de la menor y pidi\u00f3 asistir a su pr\u00e1ctica y, aunque la prueba fue admitida, el instructor la practic\u00f3 sin su presencia. El hombre sosten\u00eda que varios j\u00f3venes acudieron a su establecimiento a comprar bebidas no alcoh\u00f3licas y comida y que \u00e9l no vendi\u00f3 ninguna botella de ron de 5 cl. a ninguna joven menor y que pod\u00edan haberla tra\u00eddo de casa o adquirido en otro establecimiento. Por ello, sostuvo que el instructor incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n alegada, al haber impedido la preceptiva contradicci\u00f3n caus\u00e1ndole as\u00ed indefensi\u00f3n. El TSJ de Madrid no le dio la raz\u00f3n al considerar que de la Ley no resulta para el instructor la obligaci\u00f3n de citar al expedientado a la pr\u00e1ctica de las pruebas acordadas o, en su caso, admitidas. El Supremo, ante quien recurri\u00f3 el comerciante sancionado, no comparte ese criterio. Destaca que la comunicaci\u00f3n que prescribe la Ley al afectado por el expediente, con indicaci\u00f3n de lugar, fecha y hora de la pr\u00e1ctica de la prueba, y la posibilidad de nombrar t\u00e9cnicos que le asistan, no es para mero conocimiento del interesado sino, precisamente, para que pueda personarse en el acto en que se lleva a cabo la prueba. A\u00f1ade que la convicci\u00f3n a la que se lleg\u00f3 para multarle se recog\u00eda en un bolet\u00edn de denuncia que el recurrente quiso desvirtuar mediante un testimonio en el que no se le permiti\u00f3 intervenir, lo que impidi\u00f3 la contradicci\u00f3n imprescindible y le caus\u00f3 indefensi\u00f3n, ya que no pudo en el momento en que debi\u00f3 permit\u00edrsele hacer a la menor las preguntas con las que pretend\u00eda desvirtuar los hechos consignados en la denuncia y el propio testimonio de la menor.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n