La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia en la que fija que las solicitudes de permisos ordinarios de los presos deber\u00e1n resolverse en un plazo m\u00e1ximo de tres meses, salvo aquellas peticiones que tengan car\u00e1cter extraordinario, en cuyo caso el centro penitenciario justificar\u00e1 el plazo de resoluci\u00f3n de forma individualizada.<\/p>\n\n\n\n
El tribunal considera que \u201cun desmedido interregno<\/em>\u201d entre la denegaci\u00f3n de un permiso y el an\u00e1lisis por el Centro de la solicitud de concesi\u00f3n de uno nuevo \u201cno resultar\u00eda acorde con el tratamiento penitenciario ni con los fines de reeducaci\u00f3n y reinserci\u00f3n social<\/em>\u201d que recoge el art\u00edculo 25.2 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El Tribunal Supremo, adem\u00e1s, reconoce que ni la ley Org\u00e1nica, ni el Reglamento Penitenciario, establecen un procedimiento concreto a la hora de fijar el lapso temporal para estudiar las sucesivas peticiones de permisos de salida de los penados ya que estos textos se limitan a regular la extensi\u00f3n temporal de cada permiso ordinario, a limitar en el tiempo los permisos de salida de los clasificados en segundo grado (36 d\u00edas anuales) y de tercer grado (48 d\u00edas anuales), distribuidos en ambos casos en semestres.<\/p>\n\n\n\n Para la Sala, ese hecho no impide que la cuesti\u00f3n no deba ser resuelta jur\u00eddicamente, \u201cpues afecta indudablemente a un derecho de los internos a solicitar permisos, y este derecho dimana directamente de la legislaci\u00f3n penitenciaria, y en consecuencia, los aspectos procesales y procedimentales de tal derecho tienen que tener una configuraci\u00f3n de origen legal y ser determinados judicialmente, mediante la aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, sin que pueda descansarse la decisi\u00f3n, como pudiera parecer a primera vista, en un tema meramente organizativo<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por ello concluye que, aunque sean los propios Centros Penitenciarios quienes deban decidir la organizaci\u00f3n del estudio de los permisos de los penados, \u201cateni\u00e9ndose a la legislaci\u00f3n aludida y a las propias necesidades organizativas del Centro, no puede hacerse sino con un criterio marcado y objetivo, previsible, y atendiendo a la finalidad del tratamiento<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n La Sala afirma que las directrices emanadas de la Instrucci\u00f3n 1\/2012, sobre Permisos y Salidas Programadas de la Secretar\u00eda General de Instituciones Penitenciarias, y la anterior Instrucci\u00f3n 2\/2008 derogada por aquella, establecen un plazo de tres meses para estudiar un nuevo permiso presentado tras la denegaci\u00f3n de otro de forma que \u201cla propia Administraci\u00f3n ha instituido un lapso de tres meses que, al duplicarse aisladamente por un Centro, frente al resto, perjudica al interno en sus expectativas de correcto e individualizado tratamiento<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia en la que fija que las solicitudes de permisos ordinarios de los presos deber\u00e1n resolverse en un plazo m\u00e1ximo de tres meses, salvo aquellas peticiones que tengan car\u00e1cter extraordinario, en cuyo caso el centro penitenciario justificar\u00e1 el plazo de resoluci\u00f3n de forma individualizada. El tribunal considera que \u201cun desmedido interregno\u201d entre la denegaci\u00f3n de un permiso y el an\u00e1lisis por el Centro de la solicitud de concesi\u00f3n de uno nuevo \u201cno resultar\u00eda acorde con el tratamiento penitenciario ni con los fines de reeducaci\u00f3n y reinserci\u00f3n social\u201d que recoge el art\u00edculo 25.2 de la Constituci\u00f3n. El Tribunal Supremo, adem\u00e1s, reconoce que ni la ley Org\u00e1nica, ni el Reglamento Penitenciario, establecen un procedimiento concreto a la hora de fijar el lapso temporal para estudiar las sucesivas peticiones de permisos de salida de los penados ya que estos textos se limitan a regular la extensi\u00f3n temporal de cada permiso ordinario, a limitar en el tiempo los permisos de salida de los clasificados en segundo grado (36 d\u00edas anuales) y de tercer grado (48 d\u00edas anuales), distribuidos en ambos casos en semestres. Para la Sala, ese hecho no impide que la cuesti\u00f3n no deba ser resuelta jur\u00eddicamente, \u201cpues afecta indudablemente a un derecho de los internos a solicitar permisos, y este derecho dimana directamente de la legislaci\u00f3n penitenciaria, y en consecuencia, los aspectos procesales y procedimentales de tal derecho tienen que tener una configuraci\u00f3n de origen legal y ser determinados judicialmente, mediante la aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, sin que pueda descansarse la decisi\u00f3n, como pudiera parecer a primera vista, en un tema meramente organizativo\u201d. Por ello concluye que, aunque sean los propios Centros Penitenciarios quienes deban decidir la organizaci\u00f3n del estudio de los permisos de los penados, \u201cateni\u00e9ndose a la legislaci\u00f3n aludida y a las propias necesidades organizativas del Centro, no puede hacerse sino con un criterio marcado y objetivo, previsible, y atendiendo a la finalidad del tratamiento\u201d. La Sala afirma que las directrices emanadas de la Instrucci\u00f3n 1\/2012, sobre Permisos y Salidas Programadas de la Secretar\u00eda General de Instituciones Penitenciarias, y la anterior Instrucci\u00f3n 2\/2008 derogada por aquella, establecen un plazo de tres meses para estudiar un nuevo permiso presentado tras la denegaci\u00f3n de otro de forma que \u201cla propia Administraci\u00f3n ha instituido un lapso de tres meses que, al duplicarse aisladamente por un Centro, frente al resto, perjudica al interno en sus expectativas de correcto e individualizado tratamiento\u201d.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n