En sentencia 294\/2023 de 8 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avala la aplicaci\u00f3n del m\u00ednimo por discapacidad en el IRPF de una contribuyente que obtuvo el reconocimiento de una minusval\u00eda del 77% con posterioridad a los ejercicios impositivos en que aplic\u00f3 dicha reducci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
De esta manera, rechaza la posici\u00f3n de la AEAT que, sobre la base del Reglamento del IRPF, manten\u00eda que el grado de discapacidad s\u00f3lo pod\u00eda acreditarse a trav\u00e9s de los certificados o resoluciones expedidos por el IMSERSO o por el \u00f3rgano competente de las Comunidades Aut\u00f3nomas. <\/p>\n\n\n\n
La sentencia, por el contrario, considera que no cabe excluir la acreditaci\u00f3n de la discapacidad a trav\u00e9s de otros medios de prueba puesto que esa tesis comportar\u00eda una restricci\u00f3n del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes con relaci\u00f3n a una realidad, como la discapacidad, que la Administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a proteger y garantizar a trav\u00e9s de un decidido compromiso. <\/p>\n\n\n\n
En el caso concreto, se reprocha a la AEAT que no valorase los documentos aportados por la contribuyente -informes m\u00e9dicos- recordando que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resulta exigible una ponderaci\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad, as\u00ed como el respeto a la especificidad f\u00e1ctica de tales situaciones. <\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s entiende el Tribunal Supremo que el no reconocimiento del m\u00ednimo por discapacidad, destinado a satisfacer las necesidades b\u00e1sicas personales y familiares del contribuyente, vulnera el principio de capacidad econ\u00f3mica si se demuestra la real situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En sentencia 294\/2023 de 8 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avala la aplicaci\u00f3n del m\u00ednimo por discapacidad en el IRPF de una contribuyente que obtuvo el reconocimiento de una minusval\u00eda del 77% con posterioridad a los ejercicios impositivos en que aplic\u00f3 dicha reducci\u00f3n. De esta manera, rechaza la posici\u00f3n de la AEAT que, sobre la base del Reglamento del IRPF, manten\u00eda que el grado de discapacidad s\u00f3lo pod\u00eda acreditarse a trav\u00e9s de los certificados o resoluciones expedidos por el IMSERSO o por el \u00f3rgano competente de las Comunidades Aut\u00f3nomas. La sentencia, por el contrario, considera que no cabe excluir la acreditaci\u00f3n de la discapacidad a trav\u00e9s de otros medios de prueba puesto que esa tesis comportar\u00eda una restricci\u00f3n del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes con relaci\u00f3n a una realidad, como la discapacidad, que la Administraci\u00f3n est\u00e1 obligada a proteger y garantizar a trav\u00e9s de un decidido compromiso. En el caso concreto, se reprocha a la AEAT que no valorase los documentos aportados por la contribuyente -informes m\u00e9dicos- recordando que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resulta exigible una ponderaci\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad, as\u00ed como el respeto a la especificidad f\u00e1ctica de tales situaciones. Adem\u00e1s entiende el Tribunal Supremo que el no reconocimiento del m\u00ednimo por discapacidad, destinado a satisfacer las necesidades b\u00e1sicas personales y familiares del contribuyente, vulnera el principio de capacidad econ\u00f3mica si se demuestra la real situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n